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Realismo y ladrillos.Otras medidas que sensatamente debería ser
LUGAR DEL ACTO: Ministerio de Economía. C/ Alcalá, 9
FECHA: Sábado, 15 de diciembre de 2007
HORA: Desde las 12:00 hasta las 14:00 horas (*)
(*) Concentración comunicada a la Delegación del Gobierno en cumplimiento de lo establecido en la L.O. 9/1983
La concentración consistirá en un acto simbólico en el que se pedirá la dimisión de Pedro Solbes y se le hará entrega de un ladrillo gigante para recordarle al Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, que existe un artículo constitucional que se está incumpliendo flagrantemente y que eso supone que el problema de la vivienda siga escalando posiciones entre las preocupaciones de unos españoles que no aciertan a comprender como en la octava economía del planeta, tengamos una de las situaciones de acceso a la vivienda y de endeudamiento hipotecario desproporcionado más graves del Mundo que suponen en la práctica que 9 millones de jóvenes están condenados a vivir con sus progenitores más allá de los treinta años y que más de 16 millones de españoles deban 9 veces su salario anual íntegro -mas del doble de la media europea de coste de acceso a la vivienda- a las entidades financieras.
Sin embargo, si hay algo que el gobierno central puede hacer para dar un giro significativo a la situación y es hacer uso de las herramientas financieras y fiscales que aún conserva, que son competencia fundamentalmente del Ministerio de Economía y Hacienda. El ministro de Economía y Hacienda podía haber hecho mucho para cambiar la nefasta situación de la vivienda durante la vigente legislatura y, lejos de actuar en favor de la resolución de este inmenso problema que padece el conjunto de la sociedad española, ha inactuado y fomentado incluso que los desequilibrios vayan en aumento porque Pedro Solbes:
– Podía haber retomado en el tramo estatal del IRPF las ayudas al alquiler que el anterior ejecutivo suprimió y sin embargo, condenó al tramo autonómico la propuesta ya realizada por la exministra Trujillo, lo que ha supuesto que en algunas comunidades autónomas no se hayan hecho efectivas. Ahora vuelve a hacer lo mismo con la mayor parte de las ayudas al alquiler que propone la actual Ministra de Vivienda y de nuevo nos volvemos a encontrar el problema de que no se harán efectivas en algunas comunidades autónomas -precisamente donde más necesarias son- el 1 de enero como se había prometido. También las ha limitado y sigue consintiendo que exista un desequilibrio muy evidente de la intervención para favorecer la compra frente a lo que aparece ahora como novedad, ya que el gasto total de estas ayudas al alquiler no llegará al 10% del gasto que se realiza por las ayudas a la compra.
– Podía haber reconducido las deducciones a la compra para nuevas hipotecas que consumen el mayor esfuerzo que realizan el conjunto de administraciones públicas en materia de vivienda y que según todos los estudios -incluso los encargados por el gobierno a sus organismos consultivos- y a pesar de su aparente corte social, sólo contribuyen a ponernos las viviendas más caras (hasta un 22% más) y terminan en la práctica, en manos de promotoras, entidades financieras e inmobiliarias. En la reforma fiscal aprobada hace apenas un año, apenas se debatió y se tocó este importantísimo aspecto.
– Podía haber incrementado mucho más de lo que lo ha hecho los recursos asignados al control del fraude inmobiliario y el resultado de su dejadez -según publican los propios inspectores de Hacienda-, son un millón de alquileres fuera de la ley que precarizan completamente el mercado del alquiler y 8.600 millones de euros (1.430.919.600.000 millones de pesetas) que las empresas que trabajan en torno al sector inmobiliario evaden al fisco (constatados, la cifra real podría rondar los 18.000 millones, según la Agencia Tributaria). Para que se comprenda la brutalidad de esa cantidad, el presupuesto del Ministerio de Vivienda es de 1.369 millones de euros, el conjunto de ayudas a la compra suponen alrededor de 4.200 millones de euros y las nuevas ayudas al alquiler, 348 millones de euros. La falta de control ha convertido el sector inmobiliario residencial en un lavadero generalizado de dinero negro que supone una presión significativa sobre la demanda que encarece la vivienda, eso que para otros es bien de primera necesidad.
– Podía haber también fiscalizado las viviendas vacías en la citada reforma fiscal y sin embargo se negó en redondo a que su grupo parlamentario apoyara tal medida, que aunque hubiese sido parcial y aplicada únicamente para grandes inversores, hubiese sido tremendamente positiva para la resolución del problema de acceso a la vivienda de un país que tiene millones de viviendas vacías dentro del mayor parque inmobiliario de toda Europa en relación a la población. Los propios inspectores de Hacienda le están pidiendo continuamente que se regule la vivienda vacía, que es algo que ya se hizo hace años en muchos países europeos y sin embargo ha postergado continuamente este debate aduciendo dificultades técnicas relativas a la definición del concepto de vivienda vacía. Si en esos países europeos han conseguido que la vivienda vacía reciba un tratamiento fiscal especial que funciona razonablemente bien, aquí también puede hacerse y no nos valen las excusas.
– Podía haber penalizado la inversión en el sector inmobiliario residencial -en especial de cierto tipo de sociedades que tienen bonificaciones fiscales por hacerlo incluso- por medio de la implantación de nuevos gravámenes y no lo ha hecho en toda la legislatura.
– Podía haber evitado que más ayudas fiscales que pagamos todos los españoles se sigan enviando a los que más tienen y no a quienes las necesitan realmente y lejos de ese objetivo, ha consentido que los propietarios con viviendas sobrantes para alquilar, reciban 6.000 euros para aumentar sus garantías en teoría para paliar un problema de impagos que aunque es real, se magnifica ostensible e interesadamente y no se basa en estadísticas reales. Ahora incluso se plantean conceder ayudas a los promotores y constructores, los que acaban de vivir los mejores años de beneficios de su historia.
– Podía haber aumentado paulatina y significativamente las partidas presupuestarias asignadas a política de vivienda para equiparar el ridículo gasto que se realiza en España en relación a la media europea y no lo ha hecho. Esa diferencia presupuestaria es la que permite que, por ejemplo en Francia, haya cerca de 4 millones de viviendas de alquiler social propiedad del Estado que son utilizadas para solventar las situaciones más difíciles de la población y garantizar una emancipación temprana de la juventud.
– Podía haber empujado el diseño de un plan de reestructuración económica que buscase a largo plazo separar el diferencial de crecimiento económico de la evolución del sector inmobiliario residencial, la potenciación de otros sectores productivos con más recorrido, etc. etc. Ni siquiera tenemos una alternativa a un modelo que fue legado por el anterior ejecutivo y que basa el crecimiento económico y el sostenimiento de la calidad de vida del conjunto, en el expolio de una parte importante de la población -los necesitados de vivienda- y que es absolutamente insostenible económica, social y medioambientalmente, por lo que se aboca a la ciudadanía a una crisis profunda en esos tres ámbitos.
– Podía haber promovido, junto a su colega del Ministerio de Administraciones Públicas una revisión de los mecanismos de financiación de los entes locales que tanto influyen en el precio del suelo sobre el que se levantan las viviendas y que también están detrás de los procesos de corrupción que estamos viviendo y sin embargo, lejos de actuar para atajar este que es un grave problema que está causando no sólo una aberración fiscal que sufren los necesitados de vivienda, sino que hasta se ponga en cuestión nuestro propio sistema democrático; el ejecutivo ha decidido irresponsablemente postergar el debate hasta la próxima legislatura. Hasta se ha permitido el lujo de poner en cuestión ciertos planes autonómicos para avanzar en la formalización del derecho a la vivienda.
– Y finalmente como regalo más reciente, Pedro Solbes podía haber parado la espiral de deuda con una Ley Hipotecaria que si hubiese emulado a la ley socialista Niertz aprobada en 1989 en Francia, habría introducido mecanismos que garantizaran una reducción del endeudamiento, una mejor información a los consumidores y un mejor control de las entidades financieras y de refinanciación que nos hubieran apartado del modelo subprime y sin embargo, lejos de atender las enmiendas de corte social presentadas por otros grupos políticos, la reforma hipotecaria se ha limitado a atender las peticiones de las entidades financieras en torno a la regulación de nuevos productos como la hipoteca inversa y el aumento de las garantías respecto al cobro de los préstamos.
Esta plataforma estuvo reunida con representantes del área económica del partido socialista cuya portavocía corresponde, todo hay que decirlo, a un congresista que en el año 2004 solicito la compatibilidad para entre otras colaboraciones en el ámbito privado, seguir siendo socio de una empresa dedicada «a la compraventa, adquisición, enajenación, etc., de fincas rústicas». En la reunión se les trasladó la inmensa preocupación ciudadana que había en torno a la cuestión hipotecaria y se les pidió que atendieran las enmiendas más proclives a resolver esta urgencia social y evidentemente, se hizo caso omiso y la reforma ha salido adelante por trámite de urgencia y con el consenso por primera vez en toda la legislatura, del Partido Socialista y el Partido Popular, que para ayudar a la banca frente a la mejora de los problemas que tienen los ciudadanos, se ha constatado con esta Ley que si se ponen de acuerdo.
Esta lista interminable de despropósitos supone en la práctica un cúmulo de gravísimas irresponsabilidades en las que ha incurrido la máxima instancia del Ministerio de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. Y dado que el presidente Zapatero tiene intención de que continúe al frente de la vicepresidencia del Gobierno y del Ministerio en la próxima legislatura y harán presumiblemente caso omiso de esta petición de dimisión, le vamos a llevar el ladrillo gigante a ver si con un poco de suerte lo coloca en el despacho y se acuerda todos los días de que hay un artículo de la carta magna que es necesario construir para acabar con el gravísimo problema de vivienda que existe en este país.
¿Por qué un acto de protesta ante el Ministerio de Economía y no ante el Ministerio de Vivienda? Gracias al artículo 148 de la Constitución y algunas particularidades forales, las competencias en materia de vivienda y urbanismo pueden ser asumidas por las comunidades autónomas, como así ha sucedido en la mayoría de ellas por medio de sus estatutos de autonomía. El Estado central no tiene competencias lo suficientemente fuertes como para, por medio de política de vivienda o urbanística, hacer cumplir el precepto constitucional definido en el artículo 47, ese que habla del derecho a la vivienda de los españoles y que insta a las administraciones públicas a impedir la especulación y es por ello por lo que las actuaciones del Ministerio de Vivienda están muy limitadas.
Sin embargo, si hay algo que el gobierno central puede hacer para dar un giro significativo a la situación y es hacer uso de las herramientas financieras y fiscales que aún conserva, que son competencia fundamentalmente del Ministerio de Economía y Hacienda.
El ministro de Economía y Hacienda podía haber hecho mucho para cambiar la nefasta situación de la vivienda durante la vigente legislatura y, lejos de actuar en favor de la resolución de este inmenso problema que padece el conjunto de la sociedad española, ha inactuado y fomentado incluso que los desequilibrios vayan en aumento porque Pedro Solbes: