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Plan General con derechos de autor
Marylène Albentosa, alcaldesa de Guardamar del Segura (Alicante, 16.000 habitantes), aportó la visión del problema desde una alcaldía. Ganó las elecciones en mayo de 2003 y se encontró con un Plan General aprobado cuatro días antes aunque aún no publicado y que triplicaba el suelo urbanizable que había hasta entonces. Los funcionarios municipales no conocían el Plan General. El de Guardamar es un claro ejemplo de cómo dejar el diseño urbanístico de un municipio a la iniciativa privada.
El Plan se dividía en catorce sectores para los que se podían presentar opciones de urbanización. Las propuestas fueron presentadas durante los meses de agosto de 2001 y 2002, El ‘agosticidio’, lo llamaron los vecinos. El Plan lo redactaba un equipo externo al Ayuntamiento, donde se suponía estaban los planos. Cuando Albentosa toma posesión como alcaldesa se encuentra sin información sobre el planeamiento y con un equipo redactor que le dice que no puede usar ese plan porque tiene derechos de autor. Al conseguir, finalmente, los planos, se encuentra con que no hay previstas zonas educativas, no se han diseñado puentes o rotondas para sortear una carretera nacional y ha desaparecido una zona protegida, un humedal, para lo que tuvo que dar su visto bueno el Gobierno regional en contra de su propio planeamiento. Logra corregir algunos errores, no sin dificultad, porque se produce la oposición de promotores y Gobierno regional.
“Al final no soy yo la que consigue aprobar el plan sino todos los intereses que había en el camino”, reconoce la alcaldesa que, por cierto, volvió a ganar las elecciones el pasado mes de mayo, con 300 votos de diferencia.