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Catalunya aprueba la Ley de Derecho a la Vivienda
El Parlament aprobó ayer la Ley de Derecho a la Vivienda con los votos en contra de CiU y PP y la abstención de C’s, dando luz verde a una norma que el Gobierno de PSC, ERC e ICV-EUiA trató de aprobar ya en la pasada legislatura, a iniciativa de la conselleria ecosocialista de Medio Ambiente y Vivienda.
El artículo 42.6, que prevé el alquiler forzoso de viviendas vacías, fue votado por separado y rechazado por todos los grupos de la oposición.
El conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, aseguró que con esta ley se responde ‘a las expectativas de los agentes sociales, promotores públicos y cooperativas’ para poder intervenir ‘en casos de sobreocupación, infravivienda y ‘mobbing’ inmobiliario’.
Se felicitó por dar respuesta, con esta norma, a ‘las 200.000 personas que están hoy esperando una vivienda de protección oficial, a los 60.000 que esperan ayudas para alquiler o compra y a las 300.000 que quieren rehabilitar’ sus pisos.
Una nutrida representación de asociaciones de vecinos, cooperativas y agentes sociales asistió desde el palco del Parlament al debate y votación de esta ley, y, para celebrar su aprobación, brindaron con cava en una de las salas de la Cámara, invitados por el grupo de ICV-EUiA.
En el debate parlamentario, la enmienda de CiU, que pedía sustituir el alquiler forzoso por la conciliación para obtener el consentimiento del propietario para alquilar las viviendas, fue rechazada por los grupos del tripartito y apoyada por C’s, con la abstención del PP. También fue rechazada la enmienda del PP, que reclamaba directamente suprimir el artículo, con la abstención de CiU.
Tras el dictamen del Consell Consultiu a petición de CiU y PP, el tripartito redactó cuatro nuevas enmiendas para precisar los criterios con los cuales se deberá determinar las ‘áreas de fuerte o acreditada demanda’ de pisos de alquiler, en las que podrá forzar el alquiler forzoso de pisos que llevan dos años vacíos.
Estos criterios, que deberán especificarse en los planes municipales de vivienda de cada localidad, son el número de personas inscritas que piden acceder a una vivienda de protección oficial, el número de viviendas disponibles en el municipio, el suelo urbanizable, la densidad demográfica y el precio medio del alquiler en cada municipio.
La relatora de la ley, la diputada de ICV-EUiA Dolors Clavell, remarcó que con la nueva ley se está dotando a Catalunya de un ‘auténtico parque de vivienda social’, configurado como un ‘nuevo servicio público’.
Acusó a CiU y PP de poner ‘el foco’ sólo sobre el artículo del alquiler forzoso, con ‘simplismo y posiciones tendenciosas’. ‘La ofensiva que hemos sufrido ha sido casi insoportable’, señaló Clavell, que les preguntó por qué les preocupa esta medida si mantienen que es ‘inaplicable’.
El diputado de CiU Carles Sala lamentó que el Govern haya tenido ‘diferentes oportunidades’ para conseguir la unidad política en materia de vivienda y no las haya aprovechando manteniendo el alquiler forzoso. ‘Ustedes sabrán por qué han preferido mantener este pulso, no sé si es un pulso interno o un pulso de las fuerzas del Govern contra las de la oposición’, señaló.
Sala aseguró que CiU ha mantenido la ‘máxima flexibilidad’ para conseguir el acuerdo pero no puede más que discrepar ‘absolutamente’ de una medida ‘ideológica, residual e inaplicable’, que ha separado ‘definitivamente’ al Govern de la federación.
Tuvo aún más calificativos para el artículo 42.6, afirmando que es una medida ‘coercitiva, amenazadora, que no es inteligente, intimida, intervencionista, inapropiada, irregular, improcedente, ineficaz e inconstitucional’.
CiU, que retiró sus 60 enmiendas a la ley dejando sólo la que pedía la sustitución del alquiler forzoso por la conciliación, comparó el artículo en cuestión con el decreto franquista de 1964 que regula los arrendamientos urbanos. Opinó que las enmiendas del tripartito en este artículo son demasiado genéricas para ser aplicables.
Subrayó, además, que simplemente ocupando la vivienda durante un mes cada cuatro o cinco años sería suficiente para eludir el alquiler forzoso y abogó, por el contrario, por una nueva fiscalidad para propietario e inquilino y por más seguridad y garantías para el arrendador y facilidades para el arrendatario.
‘El Govern se ha equivocado; se lo dice todo el mundo, incluso el Consultiu. Y no han sabido rectificar’, concluyó Sala, que recordó que muchos ciudadanos catalanes tienen en una segunda residencia su plan de ahorros.
Desde el PP, Maria Àngels Olano abogó por las medidas de ‘fomento’ en vez de las de ‘sanción’, y apuntó que el artículo 42.6 ha puesto las cosas ‘imposibles’ para alcanzar un acuerdo. Para ella, el Govern no ha incorporado ‘punto por punto’ el dictamen del Consell Consultiu, que, a su juicio, suponía retirar el artículo.
La diputada pidió que se encuentren maneras diferentes de defender los derechos ‘que no sean incompatibles, y más cuando se trata de derechos fundamentales’. ‘Y este punto de la ley no es un matiz, como se ha querido poner de manifiesto hoy’, concluyó.